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Cerca de 300.000 accionistas y bonistas del Banco Popular han perdido todo su dinero, después de una usurpación que habrá que reparar en los Tribunales.
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El Fin no justifica los Medios.
¿Qué ha ocurrido con el Popular?
Los problemas comenzaron en el anterior consejo de administración, siendo Ángel Ron su presidente, con una entrada tardía e inoportuna en el mercado inmobiliario, la adquisición –más que dudosa– del Banco Pastor, y una ampliación de capital en la que animaron a clientes y empleados a comprar las acciones.
Con el paso de los meses, las presiones para echar a Ángel Ron de la presidencia fueron a más. Estas presiones vendrían de la mano de Reyes Calderón –Presidenta de la Comisión de Auditoría del banco– y la “trama mejicana”, con Antonio de Valle a la cabeza.
Estos últimos “pensaron” en Enrique Saracho –un banquero sin experiencia en la banca minorista a la que tradicionalmente se había dedicado el Popular— para sustituir a Ron al frente de la entidad. Así las cosas, Saracho tomaría posesión del cargo en febrero de este año.
A continuación de la entrada de Saracho, la acción, en lugar de revalorizarse, comenzó un vertiginoso deterioro que los bajistas supieron aprovechar, supuestamente “ayudados” por el grupo de Del Valle.
El papel de los supervisores
Una vez más, ni la CNMV ni el Banco de España “detectaron” nada relevante, a pesar de que hubo jornadas bursátiles –como la del 5 de Junio– donde el valor cayó un 18%.
En este sentido, sorprende la contradicción en el modo de actuar de la CNMV, quien nada hizo por proteger al Popular, ni a sus accionistas, y que, sin embargo, sí decidió proteger a LIberBank de los ataques especuladores, prohibiendo las posiciones bajistas la semana pasada; ¿por qué no hizo lo mismo con el Popular?
El resultado de lo anterior es conocido: las autoridades acordaron “resolver la entidad”, algo que no tiene precedentes, amortizando todas las acciones a valor cero para seguidamente “regalarlo” a un tercero –El Santander— por el precio simbólico de 1€.
Incompresiblemente, en unas recientes declaraciones, el Ministro de Economía, Luis de Guindos, se jactaba de que la operación no había supuesto ningún coste para las arcas del Estado, obviando –de forma absolutamente desaprensiva– a los 300.000 accionistas que lo han perdido todo.
Préstamos a empleados para la compra de acciones
Otro de los colectivos gravísimamente dañados es el de los empleados, a quienes, según el caso, se habría “presionado” para que tomasen préstamos destinados a la compra de acciones de la propia entidad.
Los empleados (cerca del 70% eran accionistas) han de saber que, con la interposición de la demanda desde este bufete, exigimos como medida cautelar, entre otras, la suspensión del pago en las cuotas de dicho préstamo.
¿Qué principios jurídicos vulnera la operación perpetrada?
La operación llevada a cabo choca con los siguientes principios jurídicos:
- Principio de transparencia.
- Principio de concurrencia.
- Principio de seguridad jurídica.
¿Qué principio es el que parecen haber seguido las autoridades?
El fin justifica los medios; éste no es, en ningún caso, ningún principio ajustado a derecho.
¿Se ha cumplido la normativa española con la resolución?
No. Concretamente, el artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores –en su apartado segundo– señala cómo: “La Comisión Nacional del Mercado de Valores velará por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución de esos fines”.
¿Se ha cumplido el derecho comunitario con la resolución?
Tampoco. El mecanismo que se ha aplicado es tan escandaloso que para llevarlo a cabo –con nocturnidad y alevosía— ha sido necesario recurrir a una normativa característica de la quiebra, y no de la falta de liquidez, cuestiones bien diferentes. El banco era solvente, con una cuota de mercado muy relevante dentro del sector bancario español.
¿Pasó el Popular los test de estrés del BCE?
Sí.
¿Hubo Comunidades y Ayuntamientos que retiraron depósitos los días previos?
Según ha reconocido el Ministro de Economía, Sí. Además fueron cantidades “fuertes”.
El informe de Deloitte
Deloitte, la misma empresa que en su día auditó las cuentas de Bankia en su salida a bolsa, entregó un polémico informe donde, con la precisión de un cirujano, señaló que el agujero del Banco Popular era “entre 2.000 millones y 8.000 millones de euros”.
Este informe habría servido como base para “acreditar “ que el Popular era “inviable”, y que, por tanto, procedía su resolución.
¿Podría tener el Estado y las instituciones europeas alguna responsabilidad patrimonial frente a los accionistas?
Sí. Como mínimo hay culpa in vigilando de los principales organismos reguladores, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. La vía contencioso-administrativa está abierta.
¿Qué otras acciones podemos emprender?
Aparte de la vía contencioso-administrativa antes señalada, el accionista puede acudir a la vía civil, mercantil y, especialmente ahora que nuestra querella ha sido admitida en la Audiencia Nacional, por lo penal contra los administradores.
Es increíble, quién va ha querer invertir en España, esto es un atraco en toda regla. Lo que no me gustaría es que esto no fuera un error, muy grave por cierto, ni un descuido, sino algo premeditado.