El despacho Fonfría–Abogados solicita a la Audiencia Nacional, dentro del Macro-Proceso abierto por la intervención del Banco Popular, se investiguen las retiradas de fondos de 64 instituciones y grandes empresas en la semana previa al fatídico 7 de junio, por valor de 4.000 millones de euros, de los cuales 1.140 corresponden a la Seguridad Social.
Estos hechos agudizaron la situación que atravesaba la entidad, dando así la puntilla al sexto banco por volumen de negocio del país.
Entendemos que podría haber existido uso de información privilegiada y, por consiguiente, responsabilidad tanto por quien la proporcionó como por quien la utilizó.
El Santander podría haber presionado para hacerse con el Popular incumpliendo la Ley
De confirmarse, la liquidación y posterior adjudicación, por 1 euro, sería nula.
Activar el incumplimiento de un contrato es contrario a Ley.
Al parecer, según acaban de publicar los distintos medios, el Santander habría conseguido que la Junta Única de Resolución (en adelante JUR) le exonerase de pagar las cláusulas de cambio de control adquiridas por el Popular.
Dicha “imposición” al JUR a la hora de resolver cláusulas contractuales, supone incumplir con los mismos y, en consecuencia, quebrantar la Ley.
En todo caso, el “asalto” al Banco Popular, no sólo ha propiciado que la enditad presidida por Ana Patricia Botín sea la principal beneficiaria, sino que se activen –presuntamente a su servicio– toda una serie de mecanismos de carácter público (tanto nacionales como europeos) que ponen bajo sospecha toda la operación.
Los indicios apuntan a que, como mínimo, podría haber: estafa; cohecho; manipulación del mercado y uso indebido de información privilegiada, entre otros.
Todos estos elementos tendrán que ser analizados minuciosamente por el Juez Instructor del caso en la Audiencia Nacional –Fernando Andreu– y también por los diferentes organismos judiciales de la Unión Europea.
Por otra parte, a nadie se le escapa que el Santander es un peso pesado que sabe manejarse como nadie en este tipo de situaciones, por lo que, muy probablemente, al final logre que sean las instituciones públicas implicadas las que acaben pagando a los más de 305.000 afectados por la ejecución del Popular.
